En 1957, a partir de la firma del Tratado de Roma, entró en funcionamiento la Comunidad Económica Europea (CEE), antecesora de la actual Unión Europea (UE). Sus pilares se denominaron «las cuatro libertades fundamentales», a saber: la libre circulación de capitales, mercancías, servicios y personas.
Los avances en la integración europea fueron sólidos, pero lentos. De modo que no fue hasta junio de 1985, en la localidad luxemburguesa de Schengen, cuando por primera vez en la historia del viejo continente un documento oficial garantizó la libre circulación de sus ciudadanos. Hablamos del conocido y cuestionado tratado de Schengen, que entró en vigor en la década de los noventa.
Hoy, Schengen vuelve a estar bajo sospecha. Recientes acontecimientos internacionales como el terrorismo yihadista, la oleada de refugiados con destino a Europa o los distintos desequilibrios socioeconómicos entre países alimentan un discurso favorable a la recuperación de la soberanía de cada estado, así como a un mayor control de las fronteras. Una retórica nacional-populista de la que se han apropiado algunos líderes de Europa del Este, como el húngaro Viktor Orbán o el polaco Jarosław Kaczyński. En Occidente, oímos un discurso semejante a través de Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional francés, o de Matteo Salvini, representante de la Liga Norte, en Italia.
La indignación es una respuesta común, casi instintiva, ante situaciones de crisis e inestabilidad. Mas los problemas comunes siempre exigen soluciones compartidas. La respuesta de la Unión Europea ante los desafíos que se han presentado en los últimos años ha sido lenta, a veces del todo ineficaz. No obstante, en este caso conviene recordar la responsabilidad de los representantes de los estados miembros (reunidos en el Consejo Europeo), que apelando a la soberanía nacional, han dinamitado en más de una ocasión los intentos de llegar a resoluciones comunitarias, propuestas por la Comisión o el Parlamento europeos.
A día de hoy, han llegado al viejo continente 1,5 millones de refugiados sirios. Según las estimaciones de la Comisión Europea, la cifra ascenderá a hasta los 5 millones en los próximos años. Integrar a 5 millones de recién llegados en una población que supera los 500 millones de habitantes (un 1% del total) no entraña un riesgo demasiado elevado si tenemos en cuenta los precedentes históricos. Lo que sí resultará imprescindible será llevar a cabo políticas continentales comunes, tales como el reparto de los refugiados por cuotas, como ha propuesto Angela Merkel.
Si prescindimos de los mecanismos que promueven la solidaridad europea, tal y como exigen eurófobos, populistas y nacionalistas, el precio a pagar resultará demasiado elevado. El think tank France Strategie, ligado al gobierno galo, estima que recuperar los mecanismos de control de fronteras tendría un conste total 100.000 millones de euros, a pagar, cual paradoja, entre todos los contribuyentes europeos. Desmontar Europa, por tanto, nos costaría más que mantenerla.
La libre circulación de ciudadanos en Europa ha sido un éxito. El tratado de Schengen hizo posible el desarrollo del programa Erasmus, que ha permitido el intercambio, el aprendizaje idiomático y el enriquecimiento cultural de nuestros universitarios durante dos décadas. También ha brindado la oportunidad de internacionalizarse a varias empresas medianas y pequeñas y la posibilidad de consolidar su mercado dentro del territorio europeo. De hecho, el modelo integrador de Europa ha intentado exportarse, con más o menos éxito, a otras partes del mundo, como América Latina o el sudeste asiático.
Europa nunca fue perfecta. Tampoco sus políticas ni sus tratados. La crisis griega del pasado verano o la actual de los refugiados han puesto en evidencia las carencias y limitaciones de la Unión Europea. Para subsanarlas, debemos apostar por más y mejor Europa. Desarrollar un verdadero cuerpo común de fronteras (el Frontex, casi desconocido), un Parlamento de la moneda única o una reserva federal, por ejemplo. «Nosotros no coligamos Estados, nosotros unimos a las personas» proclamó Jean Monnet tras la firma del Tratado de Roma, en 1957. Por el bien de Europa, convendría no olvidar nunca esas palabras.
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