El partido al que pertenece actualmente la mayoría de escaños en el parlamento polaco, Ley y Justicia (PiS) ha intentado manipular la ley de aborto establecida en 1993 con la entrada en vigor de la Ley de Planificación Familiar ya varias veces. El año 2020 pareció perfecto para finalmente llevar a cabo lo que tenía planteado todo el tiempo –limitar el acceso libre y legal al aborto– por un par de razones. En julio el presidente, Andrzej Duda, originariamente de PiS, fue elegido para ocupar el puesto más alto en la política de la República por segunda vez. Durante sus primeros 5 años como Presidente, antes de que se renovara su mandato, confirmó varias veces que secundaba la actividad del partido ultraconservador, apoyando sin veto las leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria, con toda la lealtad. Estaba claro que esta vez también no manifestaría ningún desacuerdo, y además expresar su opinión (o no expresarla) acerca de un tema tan controvertido, ya no iba a influenciar su resultado electoral. Además, cuál es el mejor momento para aprobar leyes discutibles, ¿si no en plena pandemia, cuando la gente está confinada en sus casas y, en teoría, tiene miedo de salir a la calle para protestar?
Desde el gobierno pensaban que con la pandemia, a la sociedad cívica le daría igual. Al haber contado con que la gente tuviera demasiado miedo para salir a las calles y protestar, el gobierno se equivocó mucho.
Después de haber tomado muchas decisiones impopulares durante los últimos meses, entre ellas una de llenar al Tribunal Constitucional con jueces oficialmente aliados de PiS, al provocar ese mismo Tribunal a tomar la decisión acerca del tema tan complicado en el momento tan difícil, el Gobierno se pasó de la raya, incitando a miles de mujeres a salir a las calles y defender sus derechos fundamentales. Y cuando en principio se trataba del derecho de la mujer de tomar las decisiones autónomas acerca de su propio cuerpo, la rabia social se convirtió en algo mucho más grande, ya que a las protestas se juntaron otros grupos sociales. Al final, la lucha se convirtió en un “no” colectivo contra decisiones que tocan directamente la vida privada de los ciudadanos (tomadas sin ni un intento de conocer la opinión de la mayoría a través de implementar cualquier herramienta de diálogo social). Llegando aún más allá, las protestas empezaron a encarnar la lucha en el nombre de conseguir la cosa, que se dice que en Polonia existe, pero nunca nadie la ha visto: la Separación Iglesia-Estado. La iglesia católica abiertamente y oficialmente apoya a PiS, sobre todo por su programa político pro-católico.
Vamos a analizar brevemente la situación legal en Polonia en referencia al aborto de antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, y también a ella misma. Durante la época comunista, el aborto teoréticamente fue restringido por las leyes, pero en práctica, durante muchos años, se ejercía aborto a solicitud de la mujer. En 1993, poco después de la caída del comunismo en Polonia, se adoptó la ley llamada popularmente como “el compromiso”, ya que llegaba a satisfacer la mayoría de las fuerzas parlamentarias que presentaban opiniones opuestas sobre el tema del aborto. La ley solo permitía interrumpir el embarazo en los siguientes supuestos:
- violación o incesto,
- peligro para la vida de la madre,
- malformación del feto.
Estas características hicieron la ley una de las más restrictivas de Europa, detrás de Malta, Andorra y San Marino. En realidad, no fue un compromiso entre el gobierno y la sociedad. Fue un compromiso entre los políticos y la iglesia, y las mujeres no tenían derecho de exprimir su deseo ni opinión al respecto.
Tal realidad legal, por supuesto, no significa que en Polonia no se ejercía el aborto, que no se ejerza ahora o que no se ejercerá. Como en cada país que prohíbe alguna actividad cotidiana, la actividad se traslada a la esfera clandestina. Así es en Polonia, ya que existen muchas organizaciones que prestan servicios de asistencia acerca del aborto, facilitando a las mujeres el acceso a los médicos dispuestos a realizar el servicio o suministrándoles los fármacos abortivos. Es importante mencionar que los abortos debidos a malformación de feto (a partir de ahora, prohibidos) constituyen 97% de los apenas 1.100 abortos que se practican oficial y legalmente en Polonia cada año.
Además, existiendo en la UE la libertad de ir a otro país y aprovechar de un servicio que es legal allí, muchas mujeres polacas viajan a los países vecinos para someterse al tratamiento. Es algo que el gobierno no consigue controlar. Los políticos están además acusados de hipocresía: si de verdad el gobierno pretende ser tan pro-vida, parece que sería más lógico adaptar las políticas a sus creencias no solo en el ámbito de periodo prenatal de la vida humana, sino introduciendo nuevas y reformando las existentes políticas sociales en el ámbito de apoyo financiero a las personas discapacitadas y a sus cuidadores o familias.
Aunque la sociedad polaca empezó las protestas en mismo día que el Tribunal Constitucional llegó a su infame veredicto, y esas siguieron más de un mes, el nivel la atención que se presta a la situación en Polonia no se reduce.
Notablemente, gracias a que las protestas polacas coincidan no solo con el 102 aniversario de la consecución por parte de las mujeres polacas del derecho al sufragio (el 29 de noviembre), así como también con los 16 Días de activismo contra la violencia de género declarados por el Sistema de las Naciones Unidas (que se celebraban del 25 de noviembre al 10 de diciembre), el tema de la importancia de las libertades fundamentales de la mujer sigue vivo. Durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo, el 25 de noviembre, respecto a la decisión del Tribunal Constitucional de Polonia, los eurodiputados mostraron su apoyo a las mujeres polacas mediante una resolución en la que reconocieron que la prohibición del aborto en caso de malformación de feto que se había producido en Polonia «pone en peligro la salud y la vida de las mujeres». Por su parte, la europarlamentaria socialista española Iratxe García-Pérez consideró que «no podemos permitir que nuestras hijas tengan menos derechos que nuestras madres, y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en Polonia».
«No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida»
Eso dijo una de las precursoras del movimiento feminista, Simone de Beauvoir. No podrían ser más actuales estas palabras, especialmente en el contexto de las sucesos actuales en Polonia. Esperemos que el esfuerzo que se invierte cotidianamente por parte de las organizaciones que apoyan a las mujeres que sufren por violencia de género, por parte de las mismas mujeres también, y los hombres que las apoyan no se malgaste a través de lo que decidan los políticos influenciados por el clero secular polaco.
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