COVID-19: el coste de la «no Europa»

Una solidaridad caótica: ¿cada cual que mire por lo suyo?

Durante estas semanas, la crisis sanitaria causada por la COVID-19 se ha convertido en un escenario en el que se enfrentan los juegos de influencia extranjera y los desacuerdos entre Estados que se reflejan en los anuncios unilaterales de cierre de fronteras y en los pequeños gestos de solidaridad.

Desde hace varios días, tanto los periódicos como las redes sociales han estado alabando los actos de solidaridad europea, que engloban el envío de mascarillas y materiales a países en situación de dificultad y la acogida de pacientes procedentes de Francia e Italia por parte de Alemania. Además de resultar esperanzador, estas operaciones son un reflejo de la gestión bilateral de la crisis entre países basada solamente en la buena fe de los Estados miembros y sin ningún tipo de gestión sistemática por parte de la Unión Europea.

Por el contrario, la verdadera solidaridad europea implicaría el desplazamiento sistemático de los pacientes procedentes de las regiones más infectadas hacia las que menos han sufrido esta primera oleada del virus. Todo ello no debería realizarse de forma voluntaria, sino por medio de una gestión conjunta de las capacidades médicas y de protección civil europeas. Esto consistiría en la construcción de puentes aéreos y ferroviarios entre distintos países europeos, tal y como sucede entre las regiones de Francia. El equipo médico también debería gestionarse del mismo modo.

Por último, estos acuerdos bilaterales también son una prueba de la desigualdad de la capacidad hospitalaria y la salud fiscal de los Estados europeos. Pese a que la Comisión haya levantado las estrictas normas presupuestarias europeas para hacer frente a la crisis, tales medidas llegan tarde. En países como España o Italia, el número de camas de cuidados intensivos con asistencia respiratoria parece insignificante en comparación con la capacidad de otros países como Alemania. Por tanto, los europeos comienzan a plantearse lo siguiente: ¿acaso el correcto funcionamiento de los hospitales no es de interés común para todos los europeos? De ser así, ¿por qué hemos dejado que las crisis financieras y las medidas de austeridad mermaran estos sistemas con el pretexto de ahorrar? Ahora tenemos que sufrir las consecuencias. Además, ha vuelto a surgir el riesgo de un mayor distanciamiento entre los países del norte y del sur de Europa, tal y como ocurrió en la crisis de 2008.

¿Qué está haciendo Europa?

En su comunicado, la Comisión Europea se enorgullece de coordinar «la respuesta europea común frente a la pandemia» y de adoptar «medidas firmes con las que reforzar los sectores de la salud pública y de reducir los efectos socioeconómicos». Pero, ¿qué quiere decir exactamente?

La Unión empezó cerrando sus fronteras exteriores por un periodo de 30 días, sujeto a renovación. La Comisión puso en marcha numerosas medidas tanto coordinadas como de carácter voluntario. Estas incluyeron el establecimiento de un equipo de científicos expertos, ensayos clínicos y la reserva estratégica de equipo médico de «rescEU». Sin embargo, su falta de competencia en el ámbito sanitario le deja un escaso margen de maniobra.

La Comisión también ha aplicado medidas presupuestarias como el levantamiento de las restricciones del déficit público de los Estados miembros (suspensión del Pacto de Estabilidad y de los límites presupuestarios), y ha implementado un mecanismo de apoyo a la inversión. Esto tiene como objetivo principal movilizar la liquidez disponible a través de los fondos estructurales europeos y flexibilizar el régimen de ayuda estatal. Este mecanismo también permite a los Estados rescatar a sus empresas que estén en situación de dificultad.

Por su parte, el Banco Central ha anunciado que pondrá en marcha un «programa de compras de emergencia pandémica», que incluye una dotación de 750.000 millones de euros para adquisición de bonos, además de otras medidas de liquidez y equidad para mitigar los costes económicos y sociales de la crisis sanitaria actual.

En otras palabras, la Unión Europea está flexibilizando sus políticas con la finalidad de ampliar el margen de maniobra de los Estados, a la vez que modifica sus fondos estructurales y las escasas herramientas que tiene a su alcance. Sin embargo, estas medidas aún no son suficientes como para esperar un rescate exitoso de la economía europea.

Finalmente, la Comisión declara que la «crisis no ha hecho más que empezar» y afirma que «está dispuesta a seguir actuando según vaya evolucionando la situación». Por tanto, es el momento facilitar a la Comisión los medios para que pueda seguir actuando… A no ser que los Estados miembros se opongan.

Consejo Europeo: el «remake» de una terrible tragedia griega

El jueves 26 de marzo, el Consejo Europeo se reunió en una cumbre de crisis por videoconferencia. Al igual que en el pasado, tal y como sucedió durante las crisis de la deuda soberana y del complicado caso de Grecia, el Consejo demostró de nuevo su incapacidad para responder ante una emergencia grave. Las soluciones se ahogaron en un concierto de obsceno egoísmo nacional.

De hecho, los jefes de Estado y de gobierno solo ratificaron una declaración que incluía unas pocas medidas: el establecimiento de un suministro médico de emergencia para el futuro y la suspensión de las normas presupuestarias sobre el déficit. Ninguna abarcó la recuperación económica común a escala europea, ni un gran plan de acción sanitaria.

Aun así, hubo propuestas sobre la mesa. En una carta al presidente del Consejo Europeo, nueve Estados exigieron la creación de los Eurobonos para pedir préstamos de bajo coste en los mercados. En su opinión, la finalidad sería la de sostener la economía europea, y en particular, la de las regiones más afectadas. En primera línea, los dirigentes de Italia y España pidieron la implantación de «Eurobonos» (bonos de recuperación), y obligaciones conjuntas para crear un presupuesto de recuperación europeo.

Los Países Bajos y Alemania rechazaron rotundamente esta propuesta, y en su lugar propusieron recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), a pesar de sus reticencias iniciales a esta opción. El fondo, dotado de 410.000 millones de euros y diseñado tras las controvertidas negociaciones que tuvieron lugar durante la crisis griega, en la que los Estados habían asumido el riesgo de implosionar la zona euro, podría socorrer a los países con problemas.

El primer ministro italiano Giuseppe Conte discrepa, diciendo: «no es lo que necesitamos ahora mismo. […] El MEDE es un instrumento desarrollado para asistir a los Estados miembros que sufren tensiones financieras causadas por choques asimétricos. Por el contrario, el coronavirus está produciendo un choque simétrico, con el efecto de hundir nuestros […] sistemas económicos y sociales en una depresión».

Finalmente, el Consejo decidió no tomar ninguna decisión y dio dos semanas para que el Eurogrupo, órgano informal sin legitimidad institucional que congrega a los ministros de finanzas de la Eurozona, pudiera encontrar un entendimiento común.

Este enfrentamiento reaviva las profundas divisiones de un Consejo Europeo que solo llega a acuerdos básicos. Sin embargo, en esta crisis las respuestas minimalistas no bastan. La incapacidad del Consejo Europeo para tomar decisiones y la impotencia de las instituciones comunitarias, cuyas capacidades dependen de las decisiones de los dirigentes nacionales, evidencian de nuevo la debilidad estructural de la Unión.

En esta situación, serán los europeos quienes paguen finalmente el precio. Si las cooperaciones bilaterales sanitarias de urgencia consiguen salvar la situación actual, al salir de la crisis tendremos que aprender de la mala gestión europea de la pandemia. Es fundamental imponer un profundo cambio en la forma en que la Unión Europea trabaja, privilegiando el interés común de los ciudadanos europeos por medio de sus instituciones comunitarias. El coste de la «no Europa» se mide en vidas humanas.