La conservadora Unión Democrática de Centro —o SVP por sus siglas en alemán— volvió a intentar disolver el pacto de libre circulación que Suiza ha firmado con la Unión Europea, con el lanzamiento de su “iniciativa por una migración moderada” en 2018.
Las relaciones bilaterales entre Suiza y la Unión Europea han tenido unos resultados muy fructíferos para ambos actores desde su comienzo en 1972, con el establecimiento del primer acuerdo de libre comercio. A partir de 1988, Suiza comenzó a tener unas relaciones más activas con la Comunidad Económica Europea, debido, principalmente, a la preocupación de los cantones francófonos de un posible aislamiento ante un afianzamiento de la CEE con la promulgación del Acta Única Europea. Aun así, seguía siendo escéptica a la entrada, a pesar de haber solicitado la candidatura de adhesión a la Comunidad el 22 de mayo de 1992. No obstante, los ciudadanos nunca han querido abandonar su neutralidad identitaria, así como tampoco han estado dispuestos a renunciar a su sistema federal de democracia directa; además de que temían las predicciones de partidos euroescépticos que vaticinaban un aumento de trabajadores extranjeros. Por ello, en el referéndum del 6 de diciembre de 1992, sobre la entrada de Suiza en el Espacio Económico Europeo (EEE) un 50,3% de los suizos, 14 cantones y 4 semicantones votaron en contra. Tras conocer los resultados, el gobierno retiró su solicitud y optó por mantener relaciones bilaterales con la Unión, comenzando así un largo proceso de negociación que concluyó en 1998, cuando fue aprobado en referéndum con un apoyo del 67,2% de los electores, y entró en vigor en 2002.
Antes de proceder con el análisis del referéndum de este pasado septiembre, es imprescindible comprender la importancia del primer bloque de acuerdos que Suiza ha firmado con la UE. Este está compuesto por el epicentro de las relaciones Suiza-UE: la libre circulación de sus ciudadanos, que, en un principio, se fundamentó en un sistema de cuotas, pero posteriormente se desarrolló de manera que los nacionales suizos y los ciudadanos de la UE tuvieran los mismos derechos de entrada, residencia y disfrute de servicios en ambos lados de la frontera. A la libre circulación le sigue el acuerdo sobre agricultura, que suprime las barreras arancelarias a determinados productos y exige la equiparación de precios y una mayor apertura del mercado. En tercer lugar, el pacto sobre transporte terrestre, establece un marco político coordinado y respetuoso con el medioambiente que da acceso a ambas partes contratantes a sus respectivos mercados de transporte y sus carreras. En cuarta posición, el convenio sobre transporte aéreo, hace referencia a la armonización de los marcos legales y la equiparación de libertades de las líneas aéreas. También determina la supresión de barreras comerciales con objeto de mejorar el acceso de ciertos productos agrícolas a ambos mercados. En cuanto a la contratación pública, se pretende asegurar un acceso “recíproco, transparente y no discriminatorio” a contratos de productos y servicios específicos, en sectores como las telecomunicaciones o la energía, entre otros. Por último, el acuerdo sobre cooperación científica e investigación estipula que las entidades científicas y los científicos procedentes de ambos signatarios podrán participar en proyectos y entidades de investigación, entendidos estos últimos como universidades, centros de investigación y empresas, con la finalidad de contribuir al desarrollo tecnológico y científico europeo.
Lo más relevante de estos acuerdos es que están sujetos a la denominada cláusula guillotina, esto es, en caso de que cualquier parte del acuerdo conjunto se cancelase, las demás también dejarían de estar en vigor, en cuyo caso perjudicarían principalmente a Suiza.
Prácticamente de inmediato, se comenzó a negociar el segundo bloque de acuerdos bilaterales que, según declara la propia UE, “tienen que ver fundamentalmente con el refuerzo de la cooperación económica y la ampliación de la cooperación a los ámbitos del asilo y la libre circulación dentro del espacio Schengen”. Asimismo, se han alcanzado acuerdos en sectores como la asociación suiza al acervo Schengen (2008) —que los nacionales suizos aprobaron en 2005 por medio de un referéndum con un 54,6% de votos a favor—, al Reglamento de Dublín (2008), a Europol (2004) y a la agencia Frontex (2010). A diferencia de Schengen y Dublín, Suiza contribuye a los presupuestos de Frontex por lo que posee derecho limitado a tomar parte en las votaciones e influir en las decisiones de la agencia. Es más, desde 2011 participa voluntariamente en las operaciones. Podemos concluir que la Confederación Suiza participa en gran medida en la arquitectura europea de migración y seguridad interior.
Como se ha podido comprobar, para poder acceder al mercado único y colaborar con la UE en sectores clave como investigación, educación y turismo, Suiza estuvo obligada a aceptar los pilares de la misma, entre los cuales se encuentra la tan discutida libre circulación. El conjunto de esta cuestión ha resultado extremadamente beneficioso para el país, incrementando su competitividad y atractivo internacional.
La victoria del SVP: referéndum de 2014
Esta no es la primera vez que los conservadores suizos pretenden limitar el derecho de libre circulación a los migrantes procedentes de la UE. En 2014, gracias a su campaña para “frenar la inmigración masiva”, el SVP obtuvo una victoria de un 50,3% en la consulta popular sobre la reimplantación de las cuotas migratorias realizada el 9 de febrero, pese a la firme oposición del Consejo Federal, los demás partidos y las ciudades más grandes y cosmopolitas. Pero aquella tampoco fue la primera vez en la que el SVP se pronunció en contra de la inmigración, es más, el partido ha tratado de limitar la libre circulación durante más de una década. Asimismo, en 2009 es notable la postura con la que animó a su electorado a votar en contra de la ampliación del acuerdo a los nuevos integrantes de la UE, Bulgaria y Rumanía. Estas campañas se sustentaron con eslóganes xenófobos que advertían de una posible pérdida de identidad, acompañada del colapso de los sistemas educativo y sanitario.
No obstante, debido a la vinculación directa de la libertad de circulación con los demás acuerdos bilaterales, el gobierno suizo no pudo permitir la restricción migratoria por lo que, tras el conocimiento de los resultados, emprendió unas complicadas negociaciones con la UE, debido a la extrema necesidad de mantener relaciones óptimas con la potencia a la vez que respetar la voluntad de sus votantes. Como resultado, se impusieron ciertos impedimentos burocráticos que pretendían, en papel, priorizar a los suizos frente a trabajadores europeos en los sectores con mayores tasas de desempleo.
Situación actual: acuerdo marco y referéndum de 2020
La gestión no contentó al SVP por lo que, en 2018, el partido comenzó a recoger firmas para, una vez conseguido el apoyo de 100.000 ciudadanos, presentar esta renovada propuesta constitucional. Es evidente, por tanto, que el referéndum de este 2020 es una clara consecuencia del referéndum de 2014. No obstante, esta no es la única razón del mismo. Desde 2014 lleva negociándose un acuerdo marco, el cual supondría la simplificación de los más de 200 acuerdos bilaterales y una profundización y consolidación de la relación Suiza-UE, más estrecha que con cualquier otro país perteneciente al EEE. No obstante, según argumenta el partido, este acuerdo marco concedería más poder a Bruselas, por lo que para el SVP un sí en este referéndum es indispensable, ya que frenaría las negociaciones. Para alcanzar este fin, el SVP emprendió una campaña de tintes discriminatorios, especialmente contra los migrantes fronterizos, acusando a las extranjeros del incremento de la delincuencia, de la urbanización y el destrozo de la naturaleza, del alza de los precios de la vivienda y de colapsar no solo los sistemas sanitario y educativo sino también el de transporte. Pero, lo más sorprendente es que entre los típicos argumentos xenófobos tan empleados por este tipo de partidos, se han encontrado nada más ni nada menos que… los atascos. Cada uno con sus prioridades, oiga.
Con esta propuesta constitucional el SVP plantea, por tanto, la elección de inmigrantes más cualificados para, como asegura, lograr unos espacios más limpios y menos poblados, y un mejor acceso a los servicios, obviando, como de costumbre, los contras de las restricciones que pretenden implantar. El partido ha optado por minimizar la importancia de los acuerdos firmados y desentenderse de cerca de los 500 mil suizos que viven en la UE.
Mientras tanto, la ministra de Justicia e Interior afirma que estas medidas podrían amenazar la prosperidad del país. La Asamblea Federal, así como los partidos de la oposición, también son escépticos ante la iniciativa, argumentando que la competitividad suiza está en juego.
Lo que está claro es que Suiza no puede permitirse prescindir de las relaciones comerciales con la UE. Contemplando las proporciones de las relaciones económicas entre ambos actores se observa cierta dependencia de la UE -más del 55% de las exportaciones suizas se realizan a la Unión Europea y el 75% de sus importaciones provienen de esta, mientras que solo el 8% de exportaciones europeas llegan a Suiza y solo 6% de las importaciones procedan de la misma-. Del mismo modo, también se constata que el intercambio mutuo de mercancías tiene un volumen de alrededor de mil millones de euros por día laborable.
Desde el conocimiento de la fecha del comicio, que en un principio estaba previsto para realizarse en mayo, investigadores como Sean Müller y Martina Mousson comenzaron a indagar en el asunto previendo tres posibles resultados que podría acarrear un temido sí. Primero, contemplaron la posibilidad del mantenimiento de los demás acuerdos aun habiendo limitado el libre movimiento, una conjetura improbable en plena era de negociaciones sobre el Brexit. También han tenido en cuenta la indeseada ruptura definitiva y vinculante del acuerdo, tras la cual Suiza se quedaría sin médicos y otros trabajadores cualificados procedentes de estados miembros de la UE, que escasean en el estado centroeuropeo. Esta disyuntiva también supondría un impacto devastador para las pymes y pérdidas para los negocios suizos establecidos fuera de su territorio. En tercer lugar, han contemplado una implementación más suave del resultado, como sucedió tras el referéndum de 2014.
El aclamado ‘no’ al fin de la libre circulación de los suizos
Finalmente llegó el esperado 27 de septiembre. Tras considerar todas las posibles consecuencias, la ciudadanía había decidido: la libre circulación no se suspendería.
Numerosos analistas han atribuido este resultado a la pandemia SARS-CoV-2. Han argumentado que los ciudadanos suizos se han dado cuenta de la importancia de mantener las fronteras abiertas, al ver como la pandemia había amenazado la llegada de profesionales médicos y material sanitario, perjudicando al país. También han contemplado la subsiguiente recesión económica, acentuada por la situación sanitaria actual, que podría enfatizar sus efectos en caso de una ruptura de relaciones comerciales con la Unión. A más medio y largo plazo han considerado el progresivo envejecimiento de la población –otro de los problemas económicos a los que tendrá que enfrentarse Suiza en los próximos años, y deberá incentivar la inmigración para poder sostener su sistema– a pesar de que en los últimos 20 años la población extranjera haya incrementado en 2 millones de personas, la migración neta es decreciente.
En definitiva, la pandemia ha recordado a la población europea, especialmente suiza, lo imprescindible de una cercana colaboración y la importancia de mantener las fronteras abiertas.
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