Un Estado social europeo para los ciudadanos de la Unión Europea

Un joven en las calles de Atenas. – © linmtheu / Flickr / CC BY-SA 2.0-Lizenz

Los ciudadanos de los Estados del sur sacudidos por la crisis se sienten descolgados, por parte tanto de sus propios gobiernos como de sus homólogos a nivel europeo; separados de Europa por medio del dictado de la Troika, como es evidente hoy especialmente en el caso de Grecia. Esto se aplica sobre todo a las generaciones más jóvenes, que sufren tasas de paro juvenil de más del 50 por ciento. Mientras tanto, los flujos migratorios de Oriente Próximo refuerzan las posturas a la defensiva de los países del este y centro de Europa. En Reino Unido son especialmente intensas las fuerzas euroescépticas, institucionalizadas a través de la promesa electoral de David Cameron: un referéndum sobre la permanencia del país en la Unión Europea

Por una nueva narrativa

Uno de los argumentos centrales del Gobierno británico en la discusión sobre el Brexit es la continua restricción de las prestaciones sociales a los ciudadanos no británicos de la Unión, además de tomar la eventual permanencia del país como un resultado provisional de las negociaciones. La misma línea siguió la Ministra de Trabajo alemana Andrea Nahles a finales de abril, al exigir que el derecho a prestaciones sociales solo se reconociera, como muy pronto, tras cinco años de actividad profesional en el país. Nos encontramos así con una restricción masiva de las promesas de movilidad que los Estados nacionales hicieron a los ciudadanos europeos con la libertad de circulación en la Unión. La libre circulación de trabajadores también se ha de entender como una libre prestación de derechos sociales. A estas alturas se manifiestan con gran clamor los conservadores, a los que hay que replicar sin embargo que el modelo de cohesión social desarrollado hasta ahora a nivel nacional es ya cosa del pasado, y que éste tiene que perfeccionarse.

Por último, la defensa de una integración social de Europa conlleva la expansión del ya manido discurso de Europa como una comunidad de paz. Esta historia, que se ha convertido en un bucle continuo y en el refugio ideológico de los que se emocionan con Europa, ya no aporta nada al público: pocas personas que hayan vivido una guerra quedan ya vivas. Se ha de expandir una narrativa de la paz no solo ya dentro de los Estados europeos, sino que también se refiera a la libertad de la comunidad europea. Una comunidad de carácter político y social debe, en este sentido, actuar como símbolo de un entendimiento verdaderamente unitario de una ciudadanía europea. En las últimas décadas de crecimiento en Europa, se ha contemplado, de hecho, cómo la integración económica y los derechos sociales han avanzado de forma claramente desacompasada.

La Unión como garante de las oportunidades individuales en Europa

Se está hablando ni más ni menos que de una igual protección y previsión para todos los ciudadanos europeos. Una política social europea debe de estar dirigida a las personas, y debe de garantizar las mismas oportunidades para todos los ciudadanos de la Unión. La situación de crisis, que lleva presente casi ya una década en la Unión Europea, tiene su origen en los gobiernos que insisten en la soberanía nacional, obstinados en la autodeterminación en el ámbito social, en lugar de ceder de manera formal las competencias necesarias a la Unión para superar así el permanente déficit de gobernanza. Es ahora cuando se necesita dar un gran paso hacia delante, en lugar de obcecarse en pusilanimidades nacionalistas. Las discusiones a nivel de Estado-nación que aíslan los sistemas de protección social de unos contra los de otros ciudadanos de la Unión, evidencian que el Estado social europeo no se puede ya reglar a nivel nacional. Bajo los argumentos de la subsidiariedad, se precisa también un claro avance en dirección a una mayor integración. Se ha de generar confianza, y, sobre todo, dar prueba de la capacidad de acción de la Unión Europea.

El concepto de ciudadano de la Unión y su personalidad jurídica, conseguidos con el Tratado de Maastricht, han de seguir defendiéndose. Si queremos ciudadanos soberanos en Europa, harán faltan iguales derechos, tanto del lado de la participación política, como en forma de reivindicaciones frente al propio sistema. Los seguros de desempleo marcan el principio del camino

Hoy nos encontramos, especialmente en el sur de nuestro continente, inmersos en una crisis económica. La causa reside en un gran choque asimétrico al que la Unión como tal no pudo reaccionar de forma adecuada. Aquí surge la pregunta de por qué fueron, en última instancia, los Estados nacionales y la Troika los que demandaron una solución al problema. En lo que concierne al mercado único, la legislación se desarrolla a nivel europeo. En situaciones de crisis, sin embargo, las exigencias se sitúan en los Estados miembro, o al menos en aquellos que tienen mayor poder político. Esto parece indicar que la Unión solamente funciona cuando las condiciones son positivas; para los tiempos difíciles, sin embargo, no posee los instrumentos adecuados. Los métodos son incumbencia de los Estados miembro. Para estas situaciones, la Unión necesita mecanismos propios, en el mejor de los casos unos a los que se pueda recurrir sin dilación. Así, los gobiernos nacionales podrían centrarse en implementar políticas adecuadas frente a la crisis.

Un seguro mínimo de desempleo de carácter conjunto financiaría los costes laborales no salariales de los afectados en toda Europa, siendo esto administrado por un fondo europeo. Este seguro ofrecería, teniendo en cuenta la cuantía del último salario o el valor medio de las últimas retribuciones, un nivel concreto de prestaciones sociales durante un determinado periodo. De esta manera, la caída de los salarios y también de la demanda se puede amortiguar a corto plazo, y, con ello, evitar los choques asimétricos. Las regiones que son fuertes económicamente estabilizan hundimientos económicos en otros lugares de la Unión. Un seguro de desempleo europeo tiene el potencial de amortiguar crisis económicas nacionales en la Unión Europea, proporcionar seguridad en las vidas de los ciudadanos y conseguir paz social.

El sistema propuesto de seguro de desempleo de carácter federal (los Estados pueden también seguir cediendo elementos al nivel europeo), debe de servir como modelo de transición hacia un sistema de seguridad social unitario. Los mismos compromisos y derechos de todos los ciudadanos europeos son la condición para conseguir el objetivo de un sistema unitario.

Régimen de seguros de pensión en Europa: unos estándares iguales para todos, en lugar de déficits presupuestarios

No es ningún secreto que el sistema de pensiones alemán soporta un importante déficit. Las rentas, financiadas con cotizaciones, no han seguido el ritmo de crecimiento necesario con respecto del cambio demográfico y de las crecientes necesidades de bienestar. El Estado federal ha tenido que desembolsar 86 mil millones de euros. Pero Alemania no se encuentra sola en este problema. Cada vez menos contribuyentes tienen que mantener a más beneficiarios. En un estudio actual de Citigroup, se señala que en los 20 mayores países de la OCDE hay 78 billones de dólares en materia de derechos a pensión que no están cubiertos. Con ello, la carga de las pensiones incrementa las deudas totales del Estado en casi un 200 %. Ante estas cifras, muchos jóvenes europeos miran con escepticismo el futuro.

Sin embargo, existen también ejemplos positivos. Si nos fijamos en Escandinavia, existe una mayor satisfacción social con una disparidad menor entre pobres y ricos. El sistema de seguridad social allí está financiado de manera decisiva por altos impuestos al consumo (en torno al 23-25 %). Así, aquellos que más consumen, contribuyen en mayor medida a las arcas del Estado. Se evita la discriminación de las capas más bajas de la población a través de una pensión mínima. Otro punto de partida posible para una financiación más justa de las pensiones sería un impuesto progresivo sobre las rentas. Además del aspecto financiero, la edad requerida para recibir la pensión ha de ser retocada y unificada. Es importante aquí no medir todo con el mismo rasero, ofreciendo a las categorías profesionales de un mayor desgaste la posibilidad de retirarse antes. Lo importante es que en Europa se cambie el modo de pensar, para que a las próximas generaciones de pensionistas se les pueda ofrecer la seguridad social a la que tienen derecho. Aquí, la capacidad de acción de la Unión Europea podría demostrar, en el ámbito social, lo que en el marco de la estrategia “Europa 2020” no ha funcionado hasta ahora.

El establecimiento de la seguridad social como un bien común europeo

La seguridad social tiene que convertirse en un bien común, al que todo ciudadano europeo debe de tener derecho en la misma medida. La crisis de confianza solo se puede superar si se cambia la manera de pensar en las capitales de los Estados nacionales. A la narrativa de la paz la debe seguir una Unión basada en la paz social, que sirva como elemento de identificación para las generaciones jóvenes. Una Europa fuerte económicamente solo puede funcionar de forma duradera si va acompañada tanto de un sistema de seguridad social sólido que sirva como estabilizador económico, como de una sociedad unida.